La patronal Asociación de Medios de Información (AMI) y los sindicatos Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), CCOO y UGT firmaron el 6 de junio el VI Convenio Estatal del Sector de Prensa Diaria, que tendrá una vigencia de tres años, desde 2019 a 2021, según informa la FeSP. El nuevo convenio establece una subida salarial del 2% para cada año, que “se acumulará para calcular el incremento correspondiente al año siguiente”.
Una de las novedades del nuevo acuerdo es la desaparición del grupo profesional 7 (mozo y limpiador o limpiadora), que se integra en el 6 (auxiliar administrativo, recepcionista, telefonista, portero, vigilante, ordenanza, chófer, conductor, operador de cierre, ayudante de impresión y almacenero). La modificación responde a que los salarios previstos en el último grupo estaban por debajo del salario mínimo interprofesional, explica la FeSP. La subida salarial se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2019 a los salarios del convenio, las horas extraordinarias y el plus por trabajo dominical.
Ahora, informa la FeSP, el siguiente paso es el envío del convenio al Ministerio de Trabajo para su revisión. Una vez superado este trámite, se publicará en el Boletín Oficial del Estado y, a partir de ese momento, las empresas tienen un mes para abonar los atrasos correspondientes al incremento salarial desde el 1 de enero del presente año.
La firma del acuerdo llega como resultado de una compleja negociación entre patronal y sindicatos, que llegó a estar bloqueada por la negación de la AMI de aceptar cualquier aumento salarial. Finamente, el acuerdo firmado recoge dicha subida, pero no incluye la supresión de las categorías de auxiliar y ayudante de redacción, que era otra de las demandas sindicales. La FeSP argumenta que “en la práctica no existe en las redacciones ninguna persona cuyo trabajo consista en ayudar a otra a realizar su trabajo de periodista”. Por este motivo, advierte de que “los sindicatos denunciarán a las empresas que contraten como auxiliares o ayudantes de redacción a profesionales que realizan las mismas tareas que cualquier redactor o redactora”, porque señalan de que “hay empresas que aplican esta práctica claramente ilegal para pagar salarios más bajos, y los representantes de los trabajadores van a vigilar y denunciar”.