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Tras establecerse los primeros contactos, los partidos PSOE y Ciudadanos se han mostrado dispuestos a modificar la normativa y poner fin a una situación que se define como "estancada e injusta" según el colectivo de periodistas.

bonding-1985863 1920Representantes de la Plataforma de Periodistas Docentes, en la que está integrada la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), han iniciado los contactos con los grupos políticos y la Administración con el fin de solucionar la situación creada a raíz del el Real Decreto 665/2015, previo a otro de 2010, que impide a estos profesionales, a pesar de haber realizado el Máster Universitario de Profesorado (MFP) o el Curso de Capacitación Pedagógica (CAP), impartir clases de Lengua Española y Literatura o Lenguas Extranjeras con la pertinente acreditación en Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional en centros concertados y privados, tal como venían haciéndolo desde el año 1995.

Los vicepresidentes de la FAPE Aurelio Martín y Antonio Rubio, junto a una representación de los profesores, han mantenido un encuentro con el portavoz adjunto del PSOE en la Comisión de Educación del Congreso, José Juan Díaz Trillo,  después de otro, celebrado días atrás, con la diputada de Ciudadanos Marta Martín.

Tras estos contactos, Ciudadanos ha presentado ante la Mesa del Congreso una proposición no de ley (PNL) que  puede servir de punto de partida para comenzar el debate sobre este problema. No obstante, la FAPE y la Plataforma coinciden en que no cumple todas las expectativas del colectivo, pues no aclara si los ya docentes y aquellos que fueron despedidos podrían acogerse a la modificación de la normativa. Así pues, esta situación  puede mejorar en la negociación con otros grupos, con posibles enmiendas a dicha PNL clave para desbloquear la situación y para conseguir la mayoría suficiente para ser aprobada en el Congreso.

En este sentido, Díaz Trillo se ha comprometido a trabajar sobre el texto ya presentado y a estudiar la documentación que le ha sido entregada, incluido el compromiso verbal del Grupo Socialista en el Parlamento Andaluz de aprobar una moción para instar al Gobierno central a abordar la situación.

Además, los representantes de la Plataforma y la FAPE se reunirán la próxima semana con la diputada Sandra Moneo, portavoz del PP en Educación, y con el director general de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes,  Marco Aurelio Rando. En todas las reuniones, los miembros de la Plataforma hacen hincapié en que es la rama a la que pertenece la titulación (Ciencias Sociales) y no el máster habilitante el requisito que determina las posibilidades para impartir clase de Lenguas en ESO y Bachillerato. No obstante, muchas universidades españolas, públicas y privadas, están permitiendo el acceso al máster a alumnos, futuros docentes, en estas especialidades que a posteriori no les habilitarán para impartir esa asignatura.

Asimismo, desde la modificación de la normativa, en el año 2010, las comunidades autónomas de toda España han seguido contratando titulados en Periodismo como profesores de Lenguas hasta el comienzo del curso escolar 2016-2017, fecha en la que muchos han sido expulsados de sus centros -por parte de la Inspección educativa- y otros permanecen, dependiendo de la Comunidad Autónoma donde trabajen o, desgraciadamente, trabajaban.

CAOS AUTONÓMICO

Además, la Plataforma no entiende por qué se permite dar clases a unos periodistas sí y a otros no. Es el caso de Cataluña, donde los periodistas pueden trabajar como profesores de lenguas. Otro caso es Cantabria, que habilita a los periodistas a raíz de la justificación del número de créditos suficientes relacionados con el ámbito de las Humanidades en el desarrollo del Grado y la Licenciatura en Periodismo o mediante la aplicación de la Directiva Europea 2005/36/CE.  Igualmente, se denuncia que la inspección educativa no reconoce el tiempo de servicio a los periodistas que han trabajado después del año 2010 en centros concertados, cuando sí contaron con la aprobación de los inspectores de referencia de forma verbal o por escrito.

Ante esta situación de incertidumbre, se pide que pueda continuar impartiendo dichas materias o sus equivalentes en el nuevo sistema educativo (LOMCE) el profesorado que, a la entrada en vigor del Real Decreto 860/2010 de 2 de julio, reunía los requisitos exigidos en su momento para impartir determinadas materias de la Educación Secundaria Obligatoria o del Bachillerato y que comenzó su experiencia docente entre los cursos 2010/2011 y 2017/2018 adaptando su titulación a la normativa exigida en dicho Real Decreto;  quienes a la entrada en vigor de este Real Decreto  realizaron el Máster (MFP) en las modalidades de Lengua Española y Literatura, Lengua Extranjera, Lenguas Clásicas o similares entre los cursos 2010-2011 y 2017-2018, y que, a efectos legales, el extinto CAP tendrá el mismo tratamiento legal que el actual MFP.

Asimismo, la ausencia de especialidad del CAP será suplida por la actividad docente en una determinada materia o mediante la expedición por parte de las universidades de la especialidad de Didáctica Específica y Prácticas Docentes realizadas en el citado CAP.  Además se reclama que se reconozca la Directiva Europea.

En la PNL de Ciudadanos se recoge que se obligue a las universidades que imparten el MFP a que publiquen en su sección de Matrícula y Admisión del MFP, de manera transparente y clara, toda la legislación vigente en materia de organización del máster y de acceso a la profesión docente publicada tanto en el Boletín Oficial del Estado como en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma a la que pertenezca cada universidad y que se establezcan mecanismos de control que impidan que las universidades que imparten el MFP puedan dar acceso a graduados y licenciados de ámbitos de conocimiento que no tengan relación con la especialidad y/o que no vayan a poder impartir esa asignatura a posteriori.

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