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La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha presentado un escrito en el Congreso de los Diputados. En él solicitan a a todos los grupos parlamentarios que regulen la protección de los filtradores con el objetivo de evitar represalias penales o acciones de de sanción cuando los hechos que denuncien sean de interés público.

PDLI FiltracionesLa PDLI quiere que este texto, que actualmente se encuentra en fase de enmiendas en la Comisión Constitucional, recoja las recomendaciones de la resolución del Parlamento Europeo aprobada hace poco más de una semana “sobre las medidas legítimas para la protección de los denunciantes de irregularidades que, en aras del interés público, revelan información confidencial sobre empresas y organismos públicos”.

En dicha resolución el Parlamento Europeo instaba a los Estados miembros, entre otras medidas a que “adopten todas las medidas necesarias para proteger la confidencialidad de las fuentes de información, a fin de evitar actuaciones discriminatorias o amenazas”.

Ahora, como la PDLI viene denunciando, tanto los denunciantes que revelen información relevante mediante la filtración de documentos, como, en algunos casos, los periodistas y medios que trabajen con este material, se enfrentan a serias amenazas legales. Además, la situación jurídica, lejos de mejorar, se ha agravado en los últimos años: la última reforma del Código Penal sitúa a las filtraciones en la esfera del terrorismo, al considerar como tal los delitos informáticos (artículo 573). Éstos, por una modificación de última hora, incluyen a quien “por cualquier medio o procedimiento y vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo, acceda sin autorización a datos o programas informáticos contenidos en un sistema informático” (artículo 197 bis).

La propuesta de la PDLI

Frente a la actual desprotección legal, la PDLI, en defensa del derecho a la información, viene reclamando que los denunciantes que revelan documentos confidenciales se encuentren amparados por un marco legal adecuado.

Entre otros cambios necesarios en la proposición de ley sobre denunciantes, la PDLI reclama: que se garantice el anonimato del informante, que pueda tener estatus de denunciante cualquier persona y no solo aquellas vinculados a la Administración Pública, que las irregularidades de las que se alerten puedan ser también del ámbito privado (empresas), y que la obtención de la información protegida incluya, con las cautelas necesarias, el acceso a sistemas o dispositivos.

Esto supone, entre otras reformas, que se modifique la ley para que la Fiscalía pueda dejar de acusar por el delito de revelación de secretos cuando la información obtenida pueda fundamentar la persecución de graves delitos de corrupción y sea de prevalente interés público para la ciudadanía, o la modificación del Código Penal en lo relativo a delitos informáticos.

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